Ciudad de México, México.- A unos días de que se realice la elección judicial del próximo domingo 1 de junio, se ha denunciado a personas presuntamente contratadas para repartir guías impresas que sugieren cómo votar, estarían recibiendo pagos por parte del gobierno de Ciudad de México, lo cual podría ser una forma de coacción o inducción del voto para los ciudadanos.
Dicha información fue revelada por Miriam Moreno, periodista y colaboradora del noticiero de Ciro Gómez Leyva, documentó en video cómo varias personas distribuyen los volantes en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
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Mediante las imágenes compartidas por Miriam Moreno, se observa a una mujer que, durante una entrevista, explica que su trabajo consiste en entregar cerca de mil volantes diariamente, conocidos como ‘acordeones’; como parte de su actividad, debe tomar una fotografía a cada una de las personas que recibe el volante, para comprobar que el material fue distribuido correctamente.
Durante el video, la mujer explica que ‘es el acordeón para las votaciones’ y cuando se le pregunta quién paga por realizar estas actividades en el Centro Histórico, responde: ‘el gobierno, 100 pesos, y tenemos que tener fotos de que los entregamos’. El material impreso contiene una guía de votación parcial, en la que promueven las candidaturas del partido Morena.
Tras la situación, el Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra analizando las medidas; según la información preliminar, la Unidad de lo Contencioso Electoral, presentó un proyecto ante el Consejo General del organismo en el que se propone suspender la elaboración y distribución de estas guías.
Lo anterior, para evitar que estas prácticas vulneren o atenten contra el derecho al voto libre y secreto, así como para proteger la neutralidad electoral, sobre todo, en una elección tan sensible como la de cargos al Poder Judicial, como jueces, magistrados y ministros.
Ante esta situación, se espera que el INE resuelva el asunto a la brevedad, mientras que se ha exigido una investigación rigurosa y a fondo sobre el presunto financiamiento público de esta campaña que, de confirmarse, podría constituir una violación grave a la legislación electoral vigente.
Fuente: Tribuna