Cristina Fernández de Kirchner pasará arresto domiciliario por tener más de 70 años

Buenos Aires, Argentina.- La Suprema Corte de Justicia de Argentina confirmó la sentencia de seis años e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por fraude al estado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien podrá cumplir su condena bajo arraigo domiciliario por tener más de 70 años.

Al rechazar el recurso de queja presentado por Fernández, los jueces de la Corte Suprema dejaron firme la condena de un tribunal oral en 2022 y confirmaron el rechazo a la apelación de Fernández dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal que había mantenido el veredicto de culpabilidad.

Fernández, de 72 años, una figura divisiva que ocupó dos veces la presidencia entre 2007 a 2015 y fue vicepresidenta de 2019 a 2023, fue condenada en un caso conocido como 'Vialidad', en el que se la acusaba de favorecer al empresario Lázaro Báez al otorgarle proyectos de obras públicas en la Patagonia.

Por ser mayor de 70 años, un tribunal inferior decidirá si le otorga el beneficio del arresto domiciliario, Fernández ha negado los cargos imputados en su contra y dice ser víctima de persecución política días después de anunciar sus planes para postularse a diputada en las elecciones legislativas de septiembre para un distrito clave de la provincia de Buenos Aires debido a la cantidad de votantes y ser un bastión del peronismo.

Según información de Grupo Fórmula, se espera que el fallo una a los peronistas en un movimiento de centroizquierda una oposición más fuerte al presidente libertario Javier Milei, que tras la derrota en las presidenciales del 2023 ha mostrado fracturas internas que pueden favorecer al Gobierno en los comicios.

Ante las noticias de un fallo inminente, decenas de militantes y legisladores se reunieron desde la mañana en la sede del Partido Justicialista (peronista) en el centro de Buenos Aires, donde estaba Fernández, mientras algunos gremios y seguidores cortaban varias autopistas.

Fernández afirmó la víspera que, si iba presa, el peronismo seguirá de pie. “Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor. No hay solución para el país con esta política. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones (legislativas de octubre) no haya alternativa organizada para conducir un proceso político que requiere patriotismo y coraje”, insistió en alusión a las consecuencias que podrían acarrear las políticas de ajuste del presidente ultraderechista Javier Milei.

El abogado Gregorio Dalbón, uno de los representantes legales de Fernández, anunció que “vamos a llevar este caso ante todos los organismos internacionales de derechos humanos: la Comisión y la Corte Interamericana, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y todos los foros multilaterales donde se defienda el Estado de Derecho”.

“Cristina está siendo juzgada por un sistema que ya la condenó sin pruebas, sin juicio y sin justicia. Lo que está en juego no es sólo su libertad, sino el pacto democrático”, argumentó el abogado.

La causa judicial, que comenzó en 2016, comprobó irregularidades en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) difunto marido de Fernández y en los que ella fue mandataria.

Según la justicia, durante esos gobiernos tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública y estimó el desfalco en unos 85 mil millones de pesos (algo más de 70 millones de dólares, al cambio actual).

Las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner, con sobreprecios de más del 20%.

Fernández ha cuestionado la imparcialidad de los magistrados y denunció que muchas de las pruebas fueron sumadas fuera de los plazos legales y sin que su defensa tuviera acceso a ellas. Ese planteo fue el que presentó ante la Corte Suprema y fue rechazado el martes.

La exmandataria tiene por delante un complicado escenario judicial. El 6 de noviembre comenzará a ser juzgada como presunta jefa una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a empresarios vinculados con la obra pública.

"Es un fallo absolutamente viciado en cada aspecto del proceso", dijo una fuente cercana a Fernández, la Corte Suprema filtró a los medios el contenido del fallo hace 10 días. Adelantó a la prensa, lo cual constituye una gravedad inusitada. Es una vergüenza y por eso denunciamos persecución y proscripción", agregó.

Fuente: Tribuna