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SEGURIDAD PÚBLICA: ACATO A LA LEGALIDAD

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No hay la menor duda. La restauración del orden, la convivencia armónica y el entendimiento ahí en donde haya deterioro, dan comienzo al hacer que resplandezca, con luz propia, el respeto irrestricto a la legalidad.

La garantía de seguridad dentro de la gama de los derechos individuales y sociales, es el paso inicial hacia la realización del principio a fin de restablecer el Estado democrático de Derecho.

La impunidad, enemigo público a vencer en dicho proceso instaurador de un nuevo estilo de vida, equivale a una especie de cáncer letal, cuyos perniciosos efectos se advierten cuando el tratamiento, muchas veces, ya es demasiado tarde. De ahí la importancia de prevenirlo y combatirlo, sin miramiento, en su misma madriguera.

No se da el combate y no se obtienen buenos resultados gratuitamente. El beneficio de la seguridad personal o social no emana como algo milagroso. Tal supuesto o creencia, ciertamente, no existe, como si las palabras de la ley produjeran el suceso fortuito en forma expedita o automática.

Aquí, al igual que en otras circunstancias parecidas, habría que reconocer que nada ocurre, a secas, como por decreto. Cabe reconocer, sin embargo, que las palabras de la ley tienen carácter de condición previa o fundamento de lo posible o circunstancial.

Explicable, entonces, es el tono de la polémica en torno a lo ocurrido en la demarcación del Municipio de Cajeme, motivada por el caso en el que un miembro de la Policía Municipal fue aprehendido con un automóvil reportado en calidad de robado, meses atrás.

No sólo la persona afectada, es decir, quien fue víctima del hurto, sino la sociedad misma y la máxima autoridad municipal, el alcalde Faustino Félix Chávez, han externado su justa indignación y preocupación ante el hecho. En el fondo, se cuestiona la incidencia como un suceso que va mucho más allá de lo común, un contrasentido que parecería provocación y hasta desafío a la investidura que tienen aquellos uniformados que, se supone, garantizarían seguridad social en la medida que son custodios del orden establecido y de acato a la legalidad.

De primera intención es comprensible la reacción del ofendido. Se entiende que el enojo, aunado a la sorpresa, se convierta en cólera. Y lo mismo podría decirse de una sociedad que se indigna y protesta frente al hecho del cual podría derivar la propensión al descrédito y a la desconfianza, origen a la supuesta contradicción.

¿La seguridad pública, entonces, en manos de la delincuencia? ¿La paz social en poder de quienes delinquen a ojos vistas? ¿La credibilidad en las instituciones depositada al alcance de salteadores furtivos y provocadores con ropaje de aparente respetabilidad?

Por fortuna, el presidente municipal de Cajeme, Faustino Félix, ha salido de inmediato al frente con el fin de disipar las confusiones incubadas y con el propósito de manifestar el criterio institucional que señala derroteros en casos determinados como el que se comenta. Asimismo, precisa y establece, de una vez por todas, los rumbos a seguir en lo que se refiere a la salvaguarda de la garantía con arreglo a la cual se establece la sana convivencia, el compromiso de legalidad y el respeto entre la autoridad y los ciudadanos.

Respetar la ley y hacerla respetar es condición sin la cual la gobernabilidad sería palabra vacua, sin sentido. En el caso de los cuerpos policiales que tienen el deber de cuidar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos, su misión no principia ni acaba suscitando con su presencia temor y miedo. Perseguir a los criminales es uno de los cometidos que les corresponde, pero en modo alguno tienen consigo excusa para imbricarse o coludirse con los malhechores.

El munícipe cajemense ha puesto énfasis al expresar que el más alto deber de la Policía es respetar y hacer respetar la ley. Su responsabilidad consiste en ser, todos y cada uno de sus integrantes, custodios insobornables de los Derechos Humanos y escudos férreos de las garantías individuales y sociales.

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