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FRENTE COMÚN CONTRA EL CÁNCER DE LA CORRUPCIÓN

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Los diarios sonorenses dieron espacios importantes a la información derivada de la firma de la titular del Ejecutivo, Claudia Pavlovich Arellano, en el convenio signado por mandatarios y alcaldes en el cónclave de la Conago efectuado en Toluca. Resulta explicable.

Sonora ha generado, durante los meses últimos del año, un caudal informativo insólito sobre numerosas anomalías financieras heredadas por la pasada administración. El convenio en cuestión tiene la finalidad de “inhibir cualquier mal uso de recursos por parte de servidores públicos”. Asimismo, establecer políticas de transparencia en la actividad gubernamental.

En voz alta, el comentario popular es unánime. Se considera que acuerdos como éste, investidos de fuerza coercitiva, imperativos por lo tanto, habrían evitado, aún más impedido, actos de latrocinio, de violación de las garantías individuales y sociales destinadas a usurpar derechos socioeconómicos consagrados en la Carta Magna.

De haber mediado la voluntad de los mandatarios para frenar el vandalismo desbordado en sus jurisdicciones, tal vez se hubiesen inhibidos delitos de peculado y malversación, todo ello clasificados como abusos de poder en comisarías, municipios y Entidades.

De entrada, es muy posible que hubiesen disminuido contratación de obra pública con testaferros al servicio de influyentes políticos; difícilmente hubiesen proliferado acciones fraudulentas e inferido daños a la sociedad con negocios inconfesables al amparo de la impunidad; en suma, desfalcos y robo al descubierto, como si las representaciones y los cargos políticos y administrativos fuesen una vasta feria propicia para la corrupción legitimada, al margen de todo castigo y sanción ejemplar.

Es cierto que la honestidad, la transparencia y la austeridad no ocurren por decreto.

Las leyes se hacen para violarlas, reza la máxima rebosante de cínica irresponsabilidad; se decretan, entonces, con el propósito de cometer con ellas público desacato, olvidando quizá que las normas que implican fuerza obligatoria jamás se violan por el hecho de transgredirlas; es decir, nunca se rompen o disuelven por el desacato de los que, por ello, habrán de convertirse en delincuentes del orden común.

Ahora bien, si el hecho de querer saltar por encima de la propia sombra es, al final, frustrada aventura, resulta edificante, por otra parte, el que las mujeres y los hombres en altos oficios del poder, gobernadores y alcaldes, convengan en propiciar acciones que contribuyan a fortalecer el Estado de Derecho por medio de disposiciones tendentes a favorecer y fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción. La impunidad es cáncer letal. Corroe, y tarde o temprano, conduce a la anarquía.

El decálogo acordado contiene premisas a partir de las cuales el Estado y sus funcionarios estarán normativamente dispuestos no sólo a velar por la transparencia y la legalidad; reconocerían, asimismo, que están obligados con el fin de abrir las compuertas de la información y con objeto de que los ciudadanos certifiquen, por ellos mismos, la probidad y licitud de sus gobernantes y colaboradores.

Los funcionarios, así, no sólo darían la apariencia de honestidad y eficacia, sino demostrarían probidad inobjetable en el ejercicio cotidiano de sus actos públicos.

Finalmente, la Secretaría de la Función Pública conviene, frente al publicitado torrente de actos de corrupción, validar y hacer efectivas reglas que tienen que ver con principios de austeridad, no discriminación y transparencia en todo lo concerniente a servicios de calidad en beneficio de los ciudadanos. Se acuerda, con ese efecto, involucrar a la sociedad en el ejercicio de verificar la eficacia normativa y en acciones de dudosa legitimidad.

Ciertamente, una sociedad abierta demanda información oportuna y permanente, pide y exige recursos de fiscalización con vías accesibles para todos; no sólo a la mano de titulares de la administración pública. El seguimiento puntual de los actos de Gobierno es condición imperativa, premisa ineludible, en un Estado Democrático de Derecho.

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