A dos años del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación hay ya elementos para el juicio sobre su aterrizaje en la realidad, sus propuestas, sus logros y sus omisiones. ¿Qué tanto han cumplido?
Más allá de fanatismos e ilusionistas, en relación a la transformación anunciada en diciembre del 2018 interesa abordar la realidad y la situación que vive México a raíz del cambio de Gobierno Federal hace dos años. ¿Qué es la 4T? (No hay definiciones) Nadie lo sabe ni lo han dicho con exactitud. La expresión moralista de No robar, no mentir y no traicionar no nos dicen nada en materia de Gobierno y acción política, igual que esa de “abrazos y no balazos”, aplicada en la seguridad pública. El presidente y sus colaboradores se asumen como una era inédita en la historia de México —ahora por la vía pacífica y electoral— pero para los tiempos modernos (según ellos) la quieren equiparar a las grandes transformaciones que han cambiado el curso de la historia de México: La Independencia (1821), la Reforma (1857) y la Revolución (1910). ¿Cómo llamarla ahora? ¿Solo cuarta transformación? La diferencia con las otras tres es que no se trata de una nueva generación en el poder que haya luchado con las armas para llegar al poder. Tampoco se trata de un rediseño del sistema político mexicano, como se hizo en 1824 con una nueva Constitución, en 1857 con otra nueva y en 1917 con la de 1857 totalmente reformada y agregada. El nuevo Gobierno trabaja con el rediseño del sistema político que se ha reformado a profundidad de 1963 a la fecha. Ahora en la llamada 4T se trata de un conjunto de políticos y funcionarios provenientes de otros partidos y corrientes ideológicas dentro de los cuales los principales, —los vinculados a las toma de decisiones—, han acompañado al presidente López Obrador tanto en el PRD como en el Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006) y en sus tres campañas presidenciales. Una visión exenta de fanatismo, con objetividad nos lleva a la conclusión de que sus principales logros en estos dos años han sido los programas sociales que benefician a 22 millones de mexicanos, con una erogación presupuestal cercana a los 400 mil millones de pesos. Con esos programas —más allá de los aspectos justicieros—, se fortalece la base electoral el Gobierno y el apoyo al presidente de la República en la calificación señalada por la opinión pública. Han bajado el costo del Gobierno Federal al reducir el tamaño de la administración pública y numerosos puestos administrativos incluyendo a varias subsecretarías a costa de la calidad en el servicio, claro. Han operado un programa de austeridad que abarca la movilización de los funcionarios públicos y los gastos inherentes a esas acciones, sin que eso necesariamente se refleje en eficacia gubernamental. Hasta ahora, ha habido estabilidad monetaria y control de la inflación. Las acciones penales contra Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Collado, Ancira, Emilio Zebadúa, y fuera de México a García Luna, se han convertido más en un show mediático con propósitos electorales que acciones de verdadera justicia. Se ha combatido la evasión fiscal de las grandes empresas.
¿Qué es lo que no les ha resultado?
El poder se ha ido concentrando en el Ejecutivo a costa del resto de los poderes, los órganos autónomos y los gobiernos estatales. No ha habido reformas a los artículos 39 y 40 de la Cpeum como para presumir un cambio político a profundidad en la historia mexicana. Las principales reformas al sistema político mexicano se hicieron entre 1963 y el 2014 (desde la ampliación de la representación política, la creación del IFE, la sustitución presidencial y la reelección en cargos de elección popular, entre otras). Todas ellas permanecen. Las ofertas de campaña como el avión presidencial, las pensiones a los expresidentes, la desaparición del Estado Mayor Presidencial y el cambio de residencia de Los Pinos al Palacio Nacional no han dado —más allá del efectismo electoral, los resultados esperados en lo económico. Tampoco aquella promesa de que se iban a recuperar los 500 mil millones de pesos que le costaba la corrupción a México… sueños guajiros. No se ha descentralizado la administración pública federal como se ofreció al principio del Gobierno. La mayor parte de las secretarías de Estado permanecen en la Ciudad de México. No hay un plan de reformas administrativas para las instituciones públicas en lo interno y de cara al servicio de la gente. Los intereses económicos y burocráticos formados dentro de ellas, permanecen intactos con la carga de corrupción y lentitud que los han caracterizado y con una representación corporativa intacta. No se han cubierto los cargos federales (representaciones) en los estados generando falta de operación e ineficiencia de la administración federal en relación a la demanda de servicios y atención a gestiones de la gente. Ha habido enfrentamientos frecuentes con los gobernadores, la Conago se dividió y ya no es la instancia mediadora que alguna vez fue. No ha habido una buena relación con los empresarios ni con sus organizaciones. Todavía se advierte desconfianza en el Gobierno. No se han brindado respuestas adecuadas a la pandemia del COVID- 19 ni se ve que se ponga un alto a las muertes y los contagios. No se le ha encontrado la cuadratura al círculo del problema de la inseguridad. Hay más muertos y desaparecidos que antes. Dicen que heredaron un país con “olor a pólvora”. Ahora… huele a “muerte y a sangre”. Las estadísticas relativas a los últimos años los desmienten. Se ha desincentivado la inversión privada a través de acciones que han generado desconfianza como lo del aeropuerto de la Ciudad de México, Brands Constellation, la falta de apoyo a las empresas para paliar los efectos de la pandemia, los enfrentamientos constantes con el sector privado y la iniciativa para eliminar el outsourcing, entre otras. Se repite el fenómeno de “partido oficial” que tanto le criticaran las izquierdas al PRI y al PAN. Morena no ha sabido deslindarse del Gobierno (el presidente les sugirió elegir dirigente por encuesta y el nuevo presidente del partido fue enviado por el Gobierno como ¡su representante!, al cambio de Gobierno en Bolivia) y han promovido intensamente y como tabla de salvación la aparición de AMLO en las boletas electorales el próximo año; una con la revocación de mandato y la otra con la pregunta sobre el juicio a los expresidentes de la República. La preocupación principal del Gobierno por ahora es mantener la mayoría en la Cámara de Diputados el próximo año. Para eso trabajan y para eso se preparan. Por un lado con una descalificación permanente a sus adversarios políticos a través de las conferencias de prensa mañaneras y por el otro tratando de cooptar al mayor número de cuadros políticos de otras formaciones para fortalecer la débil estructura de Morena. Tanto la crisis económica como la pandemia y la crisis de la inseguridad seguirán en los primeros meses del 2021 con expresiones que seguramente crearán una mayor conciencia entre la población votante. Eso más las alianzas entre los cuatro principales partidos de oposición (MC, PRD, PRI y PAN) enfrentarán al Gobierno, a Morena, a sus aliados de ayer (PT, PES) y hoy (Verde, FSM, RSP). 10 partidos políticos 4 en contra y 6 a favor del Gobierno y sus ofertas. Por lo pronto los primeros dos años de López Obrador para México, han sido de retrocesos, más que de avances. Ya se verá en las urnas el próximo junio si los mexicanos hemos aprendido la lección y actuamos en consecuencia. bulmarop@gmail.com