Los habitantes de Baja California son duros de tratar políticamente. Su historia como entidad desde 1952 está rica de acontecimientos: Superaron la muerte por infarto —en ejercicio del poder— del gobernador Eligio Esquivel en 1964; debatieron acaloradamente con el presidente Díaz Ordaz —cuando no había tribunales— los resultados de las elecciones municipales en 1965; se opusieron a la decisión de Luis Echeverría de hacer candidato a la gubernatura al general Hermenegildo Cuenca Díaz en 1977; y resistieron la separación de Xicoténcatl Leyva del gobierno estatal, en 1989, solo porque Carlos Salinas perdió la elección en el estado ante Cuauhtémoc Cárdenas en 1988.
También experimentaron la primera alternancia estatal en México cuando Ernesto Ruffo le ganó a Margarita Ortega en 1989; superaron la muerte del gobernador Héctor Terán por infarto en 1998 (Terán, sonorense, había llegado al gobierno después de tres intentos, 1977, 1983 y 1995) y permitieron que el PAN gobernara el estado durante 30 años, todo un récord a nivel nacional; y además, tuvieron la primera elección —un partido de izquierda— por dos años apenas el año pasado.
Con la sinergia política que traía Morena desde la elección de 2018 ganó la gubernatura con Jaime Bonilla Valdez, quien fue electo por dos años según establecía el transitorio 8 de la reforma a la Constitución local impulsada por la XXI Legislatura (2013-2016), para cumplir con la homologación electoral con la federación.
Nadie sabe a quién se le ocurriría asesorar jurídicamente al controvertido expresidente de la Junta Directiva del Otay Walter District, de Chula Vista, California, ex miembro del partido republicano y empresario beisbolero que fue diputado federal a la LXII Legislatura por el PT (2012), después senador electo de Morena por Baja California y súper delegado del gobierno de la cuarta transformación. Era muy obvio que no iba a prosperar el albazo de la XXII legislatura local (2016-2019) de legislar —¡Después del proceso electoral!— para eliminar el transitorio constitucional que establecía el período de duración de su gobierno de dos años para alargarlo a cinco. Y eso que Bonilla desde antes de la elección ya había impugnado la disposición del Congreso, buscando prolongar el período de gobierno que buscaba.
Y no iba a prosperar por lo turbio y lo maniqueo de una reforma —impulsada por él y su grupo político— que de ninguna manera buscaban el bien o el progreso de los bajacalifornianos, sino la consolidación de un nuevo grupo político que reemplazaría al panismo gobernante de los últimos 30 años (1989-2019) en la historia de esa entidad.
Desde antes, tanto los partidos políticos de oposición como líderes de opinión y dirigentes locales y nacionales lo señalaron muy a tiempo y desde entonces interpusieron el recurso de acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. Lo mismo hizo el gobernador saliente ‘Kiko’ Vega cuando litigó la tardanza en publicar en el periódico oficial la reforma aludida.
Pero Bonilla insistió reiteradamente desde su registro como candidato, avalado por las instancias locales, y aún cuando el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación confirmara días antes (29 de mayo) de la elección, que su gobierno sería de dos años.
La entonces dirigente nacional de su partido Yedkol Polevnsky lo alentó, también el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, que llegó incluso a escribir en un periódico e la Ciudad de México que el cambio se justificaba, lo que todos interpretaron como un apoyo sigiloso del gobierno federa a través de la titular de Gobernación que incluso llegó a avalar el cambio el día de la toma de posesión de Bonilla —aunque ya con la sentencia de la Corte se desdijo— y argumentó que su opinión había sido sacada de contexto (sic).
Era obvio pensar que el Poder Judicial de la federación iba a considerar la ampliación de mandato de Bonilla como equivalente a una “reelección”, prohibida a los gobernadores y reiterada en al artículo 116.
También la violación a los principios de certeza electoral de los artículos 116 y 105 de la CPEUM. Los de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el 16 y el 116; el de elecciones libres, auténticas y periódicas del 116; el de participación política contenido en el 35; el de votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad establecidos en el 116 y el 35; y el de aplicación y existencia de leyes retroactivas, como se señala ampliamente en el artículo 14 de la Constitución.
Con todo eso, el gobernador Bonilla todavía dice que no está de acuerdo con la decisión de la Corte, y anuncia que se preparará para la elección del 2021 donde apoyará a los candidatos de Morena.
Al principio sus corifeos filtraron la posibilidad de que Bonilla solicitara licencia para poder competir otra vez en 2021, lo que está prohibido por la Constitución federal: “Los gobernadores de los Estados cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho” (116).
Después de 30 años en el poder local, el PAN pasó de 443 mil votos obtenidos por Kiko Vega (2013) a 175 mil de Óscar Vega (2019); una votación incluso mas baja que la obtenida por Ruffo en 1989. El PAN se desgastó por tanto año de ejercito del poder con magros resultados.
El PRI por su lado, que había logrado 418 mil votos con su candidato Fernando Castro Trenti en 2013, pasó a solo 36 mil votos (2019) con su candidato Enrique Acosta, lo que indica que en ese estado el voto de PAN y PRI se fue con Morena, como en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas.
La primera lección que deja el caso de Baja California es que la Suprema Corte ejerció su función de impedir las violaciones a la Constitución frenando las ambiciones de poder de un nuevo grupo político de Baja California, con ingredientes del pasado y la sensación triunfalista de haberle ganado al PAN después de 30 años en el poder, sumado a la soberbia de sentirse arropados por el triunfo de Morena y su candidato que —aunque ahora lo nieguen—,toleraron las intenciones de Bonilla de prolongar su mandato.
La ación de la Corte oxigena la política mexicana actual y que tal como lo hizo el TEPJF en su momento con la anulación de elecciones en Tabasco y Colima, da certeza jurídica y confianza en las instituciones.
Para el 2021 habrá nueva elección de gobernador en Baja California. Morena deberá enfrentar el desgaste de la anulación del período de Bonilla y quizá el desencanto de una parte importante de la población con los resultados del gobierno federal. Ante esta coyuntura surgen ya nombres de algunos aspirantes para la próxima elección, entre otros: Arturo González Cruz, presidente municipal de Tijuana, por Morena que ya fue candidato a senador por el PRD en 2006 y dirigente nacional de la Concanaco cuando el actual presidente de la República era gobernante de la CdMx, y Gustavo de Hoyos, un regiomontano arraigado en esa entidad egresado de la UABC y actual dirigente nacional de la Coparmex, que pudiera ir arropado por el PAN y otros partidos.
La principal duda política y electoral de Baja California—un estado formado básicamente con migrantes de todo México, para el 2021: ¿Quién se quedará con el voto volátil de priistas y panistas inconformes que en 1988 hicieron ganar a Cuauhtémoc Cárdenas, un año después en 1989 a Ernesto Ruffo, en 1991 a los candidatos federales del PRI y en 2019 al primer partido de izquierda con Bonilla a la cabeza?¿Que partido tendrá la capacidad de darle cauce a las particularidades locales del votante especial de Baja California que suele dar cada sorpresa?
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