Uno de los grandes problemas que tenemos los simples mortales es mantener o no la credibilidad en los voceros oficiales de la pandemia.
De entrada, podemos decir que los gobernadores están más cerca de la gente que el Gobierno de la República.
Luego entonces, habría qué confiar y creer más en las y los mandatarios estatales que en los altos funcionarios de la Federación.
Sin embargo, las cifras oficiales, las políticas a seguir, los dineros, las declaraciones contundentes, las órdenes, inclusive, vienen del centro. Y de un “centro” que hoy más que nunca luego de más 30 años, está “centralizando” todo.
Hugo López-Gatell siempre ha desconfiado de las “pruebas rápidas” para detectar coronavirus y tienen sus reservas en el uso del “cubrebocas”. Él está convencido que con la “sana distancia” y lavarse las manos, más confinarse en casa, es más que suficiente para prevenir los contagios.
… Y todo el mundo recomienda el “cubrebocas”.
Pero sus predicciones respecto a los tiempos del pico de contagios y sus pronósticos para iniciar el “aplanamiento de la curva”, han fallado estrepitosamente.
Si a este descontrol le añadimos la actitud del presidente López Obrador, quien siempre ha subestimado la enfermedad y que se da el lujo ahora de anunciar que a partir de la próxima semana reiniciará su programa de giras al interior de la República, entonces sus millones de seguidores buscan imitarle.
Gran parte del relajamiento en todos los estados del país, han tenido como fuente la versión presidencial de que lo más pronto posible “habrá que reintegrarse a las actividades productivas”.
Mientras tanto, excepción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México –Claudia Sheinbaum, que hace lo que el jefe directo le ordena diariamente desde Palacio-, el resto de mandatarios estatales piensa muy diferente y no están del todo de acuerdo con la actitud presidencial y en ocasiones, del subsecretario López- Gatell.
Claudia Pavlovich, de Sonora y 30 gobernadores más, están convencidos de que el famoso “semáforo” para la autorización del regreso a las actividades productivas, deberá operarse en las entidades y no desde el centro.
Hace unas cuantas semanas, el Consejo Nacional de Salubridad estableció que en lo sucesivo, la responsabilidad para el control de acciones respecto al COVID-19 en el país, recaería en los gobernadores.
Hace un par de días, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció con dureza en una videoconferencia con todos los mandatarios locales, que habría solo un semáforo y que este sería “federal”, porque el dejarle la decisión a cada estado implicaría un desorden.
Ayer miércoles, la misma funcionaria admitió que la decisión de regresar a las actividades económicas debe decidirse en los estados. ¿Marcha atrás? Todo indica que sí y evidentemente, fue una orden presidencial.
Pero Juan Pueblo, sobre todo aquel que está pendiente de los anuncios oficiales, los disciplinados que han optado por mantener un gran respeto por el coronavirus, están más desorientados que antes.
En Sonora, particularmente, se ha insistido en que vivimos el pico más alto de contagios en este final de mayo. Por lo dicho por López-Gatell, el confinamiento debería continuar hasta el mes de agosto. Si esto fuese cierto, la desesperación, la ansiedad, la pérdida de empleos y el cierre de cientos de empresas en la entidad, serían toda una realidad.
Por eso, la gobernadora Pavlovich y todo el resto de gobernadores, deberían preocuparse por rediseñar su estrategia de comunicación, con el propósito esencial de que la población vuelva a confiar y siga las recomendaciones y las órdenes. Desde luego, eso incluye el ejemplo que deben de dar a la gente los servidores públicos contagiados.
Si en Sonora, alguno de ellos (Pompa, Célida, Valenzuela, Landeros, Ciracco, el presidente de la Junta de Conciliación, Claussen y otros más) muestran a través de sus redes una actitud ansiosa por salir a pesar de representar un riesgo, la credibilidad que busca el Gobierno del Estado colapsará estrepitosamente y entonces, como miles de sonorenses ya lo consideran estos días, perderán toda confianza y credibilidad en la seriedad acerca del virus y su presencia en el estado.
Las consecuencias dentro de quince días no se dejarán esperar. Miles de contagios con el 8.5 por ciento de letalidad.