Opinión

Pretextos: No se necesita la consulta

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Bulmaro Pacheco, columnista

Bulmaro Pacheco, columnista

¿A quién en especial quiere juzgar el presidente de la República?, ¿contra quién de sus antecesores se propone ejercer la acción penal?

Desde los inicios de su Gobierno, el presidente López Obrador ha promovido ataques y el juicio contra los expresidentes. A Salinas y Zedillo los acusa se neoliberales, a Vicente Fox de intentar desaforarlo cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a Felipe Calderón de robarle la elección en 2006, y a Enrique Peña Nieto de dejarle un desorden en el Gobierno y en la administración pública, al grado de cancelarle la obra magna del Aeropuerto de la Ciudad de México y sus reformas más emblemáticas, con las que nunca estuvo de acuerdo. Ha publicitado hasta el cansancio, tanto en campaña como en el Gobierno la eliminación de las pensiones a los expresidentes, cuando solo la cobraban Vicente Fox y las viudas de los expresidentes Miguel De la Madrid y José López Portillo (Paloma Cordero y Sasha Montenegro).

En un afán de mostrar diferencias, eliminó el Estado Mayor Presidencial, que desde 1926 tuvo a cargo la seguridad de los presidentes; quiso vender el avión presidencial, del cual todavía no finaliza la “rifa”; y maldijo la residencia de Los Pinos, que venía de tiempos de Lázaro Cárdenas cuando en 1934 mandó acondicionar “Los Pinos”, el (nombre del rancho de doña Amalia) en Michoacán —para sustituir al Castillo de Chapultepec, donde despacharon los presidentes desde Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz a Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. El castillo se convirtió después en museo nacional de historia a partir de 1944—.

Luis Echeverría Álvarez a los 98 años vive en su casa de San Jerónimo y ya fue procesado en el sexenio del presidente Vicente Fox por su presunta responsabilidad en los acontecimientos violentos de 1968 y 1971. Después de tenerlo recluido tres años en su casa bajo prisión domiciliaria, fue absuelto mediante amparo contra el ejercicio de la acción penal por el Quinto Tribunal Colegiado en el año 2009.

José López Portillo murió el 17 de febrero de 2004, a los 83 años, y Miguel De la Madrid falleció el 1 de abril del 2012, a los 77 años.

Tanto López Portillo como De la Madrid tuvieron necesidad de trabajar al finalizar sus gobiernos. No robaron ni se asociaron a empresas de amigos o parientes. Tampoco acumularon fortunas derivadas del poder.

Carlos Salinas de Gortari a los 72 años mueve su residencia entre Londres y la Ciudad de México. Se dedica a la investigación y a escribir sobre los problemas de México y el mundo.

Ernesto Zedillo que cumplirá 69 años el próximo diciembre, está concentrado totalmente en sus actividades académicas en los Estados Unidos desde hace años. No se le conocen opiniones sobre la situación de México, y de todos los ex presidentes es quien se ha manejado con absoluta discreción. Terminó su sexenio solo con la pensión que le otorgó antes el Banco de México y no se le conocieron asociaciones familiares o de amigos en negocios. Nunca cobró la pensión de expresidente.

Vicente Fox, que acaba de cumplir 78 años, radica en su rancho. Desde el principio del Gobierno de López Obrador se manejó como un crítico muy agresivo. Acaba de declarar que “batalla para conseguir dinero para comer” y junto con Martha Sahagún su esposa promueve su Centro Fox como instancia turística y negocio privado.

Felipe Calderón acaba de cumplir 58 años y es hasta ahora el expresidente más activo políticamente y al que más ataques le ha dirigido el actual presidente de la República. Se ha defendido y está en puerta la autorización del INE para su partido político “México Libre”, desde donde dará—seguramente— la batalla política contra el actual Gobierno. También salió de la presidencia sin una fortuna económica escandalosa y atenido a sus ahorros. Si alguna riqueza del Gobierno hubiera hecho, ya se supiera.

De Enrique Peña Nieto, que recientemente cumplió 54 años, poco se sabe a excepción de sus aventuras románticas y sus viajes entre México y España. ¿De qué vive? Quizá de sus ahorros y de la ayuda de amigos. No se le conocen asociaciones o participaciones en empresas.

¿A quién de ellos va a juzgar el presidente?, ¿de qué los va a acusar?

Bueno es recordar lo que en la materia establece la Constitución: Artículo 86: “El cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión ante quien se presentará la renuncia” Y el Artículo 108: “El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Salinas dejó el poder hace 26 años. Cualquier imputación que se le pudiera hacer desde el punto de vista jurídico ya prescribió. ¿Lo van a acusar de que con él tomó fuerza la corriente neoliberal en México? Eso no lo juzgan las leyes, lo juzga la historia y en el caso del gobierno de Salinas la historia apenas nos deja ver su veredicto.

A Salinas —para el juicio de la historia—seguramente se le acreditará la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos, así como la creación del IFE y la CNDH, entre otras.

¿Qué decir de Ernesto Zedillo, el promotor de la elección directa de gobernante en la Ciudad de México y quien logró la última gran reforma de la Suprema Corte de Justicia? López Obrador pidió su renuncia en 1995, llamando a integrar un Gobierno “De Salvación”.

Con Fox, López Obrador sí tiene agravios. La cuestión del desafuero deterioró en forma irreversible la relación entre presidente y jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el 2005.

A Felipe Calderón no lo baja de que le robó la elección y de que en su Gobierno se instauró en México un “Narco Estado”.

Con Peña Nieto no se sabe que guarde algún agravio, salvo que lo culpa de todos los males heredados en su administración.

Sería interesante ver el expediente que resulte, cuando por lo que se ve, eso de la Consulta solo es un pretexto y una enorme cortina de humo.

Como expresidentes, los mencionados ya no cuentan con fuero y pueden ser juzgados como cualquier mexicano, si es que se considera —a juicio de la autoridad—, que cometieron algún delito. Pero López Obrador como estrategia política, quiere mantener vivo el tema ante la opinión pública con motivos electorales y de aquí a las próximas campañas. Así como le funcionó lo de las pensiones, el avión, los Pinos y el Estado mayor, piensa que la estrategia le va a funcionar para no entrarle al debate de las principales preocupaciones de la gente, ante el fracaso de sus principales programas públicos y la cercanía del proceso electoral 2021 así como las pésimas noticias que se nos vienen al cierre del 2020 en materia de economía y seguridad pública.

El 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario oficial de la Federación la reforma al apartado 5 de la fracción VIII del Artículo 35 Constitucional que establecía la fecha de la Consulta para; “El mismo día de la Jornada electoral” para dejarla así: “Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán “el primer domingo de agosto”.

El afán de aparecer en las boletas y en la propaganda para apoyar en el año electoral a un alicaído partido oficial que no da una, así como una agenda plagada de problemas y crisis sin respuestas en el corto plazo, por presiones del titular del ejecutivo, lo deberán pagar ahora los expresidentes de México… del PRI y del PAN y sus partidos en la elección de junio. Por ahí va la cosa, no nos perdamos, porque en política, lo sabemos todos… No hay casualidades.

bulmarop@gmail.com

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