Inicio de Campañas: Tendencias políticas

La Ley Electoral de Sonora establece que el inicio de las campañas para la gubernatura del estado es el 5 de marzo. Para diputados federales la Ley Federal establece abril y mayo, y del 24 de abril en adelante las correspondientes a ayuntamientos y diputaciones locales. Las campañas para gobernador durarán 93 días. Las de diputados federales 60, y 40 días las de diputados locales y ayuntamientos. Total, 10 partidos políticos nacionales y uno local (Panal) que postularán a más de ocho mil candidatos entre gubernatura, diputaciones y regidurías. Todos buscarán influir en los 2.2 millones de sonorenses (de los 2,945 millones de habitantes) inscritos como potenciales votantes en la lista de electores —al 31 de diciembre pasado—. Los votantes en la entidad están distribuidos en 1,528 secciones electorales y el número máximo de votantes por casilla será de 750, considerando los tiempos en los que se tarda un ciudadano en votar de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Todo hace suponer que en elecciones de gobernador tiende a incrementarse el porcentaje de participación de la gente. Quizá sí. En las elecciones de 2018, Sonora se fue a la cola en participación ciudadana con un 51.9%, comparado con Yucatán y Tabasco que registraron altas cifras de participación con 75.4 y 71.1, respectivamente. En Sonora son 13 los municipios que a la fecha concentran al 88% de los electores, desde Hermosillo, que cuenta con 630 mil electores, a Cananea, que ya llega a los 29 mil. Cajeme, Nogales y Hermosillo concentran el 50% de los electores y son 59 municipios — los más chicos— los que integran al otro 12% de la lista electoral. Para efectos de la estrategia electoral el 86% la población en Sonora es urbana, y el 14% rural. Los sondeos, por ahora señalan que las principales preocupaciones de los sonorenses son: La recuperación económica y el empleo, los problemas derivados de la pandemia —incluida la incertidumbre en relación a la estabilización en la vida normal de los habitantes— y del programa de vacunación, así como la recurrente y generalizada crisis de la seguridad pública que todos los días da de qué hablar.. Estas preocupaciones de la gente han generado un clima de incertidumbre y desconfianza ciudadana que impactan en lo político. Nadie sabe a ciencia cierta, cómo se traducirá en votos esa insatisfacción ciudadana y a quién le echarán la culpa de la crisis. Pero habrá seguramente un cobro de facturas por tanto problema sin solución, a pesar de que el Gobierno le apuesta al voto cautivo de los beneficiarios de los programas sociales de la Federación en el estado, que a juicio de los voceros oficiales abarcan a casi 400 mil sonorenses. A pesar de que el Gobierno Federal —que ya va para su tercer año— no ha dejado de culpar a los gobiernos pasados de la crisis, los ciudadanos han visto con frecuencia, improvisación, ineptitud y una baja calidad de la mayoría de los funcionarios de la llamada 4T. A pesar de la aprobación del presidente, las políticas seguidas hasta ahora son fuertemente criticadas por los ciudadanos, no porque se opongan al cambio (como el Gobierno interpreta sesgadamente) sino porque han afectado a sectores importantes de la vida económica y social de México, que padecen las consecuencias de esas crisis, y porque hasta ahora no ha habido diálogo ni contacto con la gran mayoría de agraviados, solo descalificaciones. Para incrementar las preferencias por su partido el Gobierno ha manejado estratégicamente las políticas de vacunación que, en tiempo y forma, irán en sintonía con el avance de las campañas electorales. También ha desplegado una estrategia de difusión mediante espectaculares en calles y carreteras sobre los principales logros en materia social con el logotipo de su partido, Morena. A la par están en marcha ataques directos a miembros del PAN y el PRI para tratar —entre otras—, de disminuir los efectos perniciosos del caso Salgado Macedonio en Guerrero y se han concentrado en el proyecto de desafuero contra el gobernador panista de Tamaulipas y la persecución del exgobernador priísta de Nayarit. A la par, presionan para reabrir el caso Colosio y fomentan ataques contra Diego Fernández de Cevallos. El presidente López Obrador ha llamado a los gobernadores a un pacto electoral que busca: “respetar la decisión ciudadana sin interferencias de los Poderes estatales y federales”. Dicho exhorto no es necesario cuando se tienen instituciones jurídicas y políticas ya muy probadas por años (INE, TEPJF e Institutos locales), encargadas de atender y procesar los asuntos electorales nacionales y locales. Lo que ha sucedido es que el presidente las ha descalificado y agredido porque no olvida lo que sucedió en la elección de 2006, donde él ha sostenido que con el apoyo de los organismos electorales “le robaron la elección”. Destacan las posturas de algunos partidos que han solicitado al INE que ponga orden tanto en la difusión de la propaganda el Gobierno en tiempos electorales como en el abordaje de temas político partidistas en las conferencias mañaneras del presidente. Ambas cuestiones, invaden lo establecido en el artículo 134 constitucional, que a la letra dice: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de Gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Empezaron el viernes pasado las campañas de los candidatos al Gobierno de Sonora. Unas más emotivas que otras. Los candidatos tendrán que bregar solos cuando menos el primer mes hasta que se les una el resto de ayuntamientos y distritos locales. Inician las campañas en tiempos inéditos para la política y para Sonora. Nunca (cuando menos desde 1918) se habían iniciado campañas en medio de un problema de salud generalizado y con restricciones tan preocupantes para la movilidad de la población que todavía observa confinamiento, temor e incertidumbres lo que pone a pensar a candidatos y autoridades sobre los niveles esperados de votación. Por primera vez en muchos años, las prioridades de la gente son las mismas para todos los candidatos. Nadie podrá objetar que tanto la economía, como la salud y la seguridad habrán de ser los temas principales que la población habrá de plantearles. De las propuestas y soluciones que ellos hagan, así como de sus equipos que integren, dependerá achicarse o crecer ante el electorado. Nada para nadie hasta ahora, y de sus estrategias y sus acciones dependerán sus avances o retrocesos en el interés de los votantes. Apostemos entonces a la Propuesta y a la civilidad en el desarrollo de las campañas, y a que el Gobierno Federal ya no se siga metiendo en los procesos electorales, como hasta ahora lo ha hecho. Ojalá.