En Ciudad Juárez el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció de nuevo sobre su intención de extender el programa de regularización de los llamados autos “chocolate” a toda la frontera norte, y no sólo en Baja California como lo había sugerido el pasado 29 de junio cuando visitó Tijuana. Con ello, AMLO insiste en regularizar los miles de automóviles irregulares que circulan por las ciudades fronterizas. Esa insistencia revela las posibilidades y restricciones que enfrenta la coalición partidista que lo llevó al gobierno. La política de autos “chocolate” de los últimos años ilustra esa encrucijada. Veamos.
Al menos desde el 2011 hasta hoy el marco regulatorio de la importación y regulación de autos usados se había mantenido prácticamente sin cambios. En el 2011 el presidente Felipe Calderón Hinojosa emitió un Decreto cuya vigencia fácilmente sobreviviría su mandato. Este decreto se ratificó año tras años por Enrique Peña Nieto con cambios insignificantes. Lo curioso es que el actual presidente, con todo y su retórica machacona y jactanciosa de ser distinto a sus antecesores, lo ha ratificado en tres ocasiones: dos veces durante el 2019 (marzo y diciembre) y, la más reciente, en diciembre de 2020. A diferencia de las anteriores, esta última fue prorrogada hasta el 2024, es decir, hasta terminar su sexenio.
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Esta continuidad, pudiéramos pensar, desmiente las pretensiones y dichos de AMLO de ser distinto, pero no es así. Aunque a su manera, el presidente y su coalición se esfuerzan y no dejan ir cualquier oportunidad para plasmar su sello personal en las políticas públicas. Durante la discusión de la Ley de Ingresos en el 2019 sucedió un incidente que revela su estilo personal de gobernar. El diputado federal Manuel López Castillo de San Luis Río Colorado introdujo a última hora, supuestamente sin avisar al liderazgo de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, un artículo transitorio que, en la práctica, llevaría a regularizar los autos “chocolate” en todo el país. Las asociaciones que representan a las armadoras de automóviles y similares (AMDA, AMIA, Coparmex, etc.) rechazaron abrumadoramente la propuesta. También se pronunciaron otros actores políticos relevantes, como los gobernadores, la mayoría a favor.
Con mayoría de Morena, la medida fue aprobada en la Cámara de Diputados y turnada al Senado, dándose en el inter una discusión intensa y vigorosa, por los actores involucrados. Al final, con la comparecencia de Gabriel Yorio González, subsecretario de la SHCP, se dio por terminada la discusión, argumentando que la legalización de autos chocolate enviaría señales que podían haber sido tomadas de manera errada por la industria automotriz. Yorio usó criterios técnicos—tecnocráticos, pues— y se desistió del transitorio. Con unas cuantas frases escuetas del subsecretario se terminó la discusión.
Este incidente deja ver la encrucijada que enfrenta la coalición gobernante del presidente, proclive a seguir sus pulsaciones populistas y voluntaristas, frente al andamiaje institucional construido durante el “régimen neoliberal” (palabras del mismo AMLO). Esto se refleja no sólo en los autos “chocolate”, sino en otros ámbitos más complejos como la economía y la política, entre otros. Son varias las iniciativas de ley o cambios constitucionales que le han echado abajo a la coalición por falta de sustento técnico. Y para acabarla, los resultados de las elecciones de junio, en la que su coalición perdió los requisitos para hacer cambios institucionales serios, les dificulta más llevar a cabo cambios a la Constitución, lugar donde residen las reglas del juego más duras, impenetrables, pero también las posibilidades serias de transformación.
¿Qué podemos decir, entonces, de la propuesta verbal del presidente de regularizar los autos “chocolate”? Dice Fidel Villanueva, “líder moral” de Anapromex, que la agenda pública (asuntos o temas que los individuos dentro y fuera de gobierno están poniendo atención seriamente en un momento determinado) de todo el país procesa “miles de temas” y que, contrario a lo dicho por el presidente, este no está bien informado sobre este asunto en particular; que Jaime Bonilla lo está mal informando. Hay que reconocer que estos dichos gozan de respaldo en la literatura sobre políticas públicas ya que los expertos señalan que cuando las entradas del sistema político las controla un solo hombre (AMLO), el sistema es incapaz de procesar varios asuntos complejos a la vez. Habrá mucha pérdida de información[1].
Cuando los cachanillas nos enteramos —gracias al magnífico trabajo de monitoreo de la calidad del aire que hace Redspira y otras organizaciones civiles— que Mexicali ocupa los primeros lugares en contaminación del aire y que los funcionarios locales lo atribuyen al exceso de autos circulando; cuando leemos en los periódicos que nuestras ciudades bajacalifornianas ocupan los deshonrosos primeros lugares en los índices de violencia y que, según los mismos funcionarios y el propio gobernador Jaime Bonilla (Kiko Vega decía lo mismo; tampoco estos son diferentes), los autos “chocolate” son facilitadores de esa violencia; cuando se observa el cada vez más deficiente servicio de transporte público (casi ya no hay autobuses); entonces debemos preguntamos si la propuesta de AMLO de regularizar los autos “chocolate” es seria o solo está haciendo lo que hace desde tiempos inmemorables: estimular con fines electorales las emociones y sentimientos de su base electoral aunque, como se ha visto, las instituciones y la Constitución dictan otra cosa. El presidente prende el boiler, pero no se baña.