Política

Guevara y Durazo, entre los más corruptos del Gobierno Federal

El primer y cuarto puesto ocupan los sonorenses en esta desfavorable lista, que destaca los problemas de ilegalidad e inseguridad en la actual administración

por Redacción TRIBUNA

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De acuerdo con la encuesta realizada por la Asociación México Elige, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el exsecretario de Seguridad, se encuentran dentro de los 5 funcionarios más deshonestos del gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador. 


Manuel Bartlett encargado de la CFE (69.6%), Octavio Romero de Pemex (62.6%) y Luis Antonio Ramírez del Issste (57.2%), son los otros personajes que conforman la lista de los más corruptos de la 4T. 


Cuando Andrés Manuel López Obrador, tomó las riendas del país el 1 de diciembre de 2018, se comprometió a ir acabando con la corrupción; sin embargo, no todos los miembros de su gabinete han podido seguir esta orden. 


Alfonso Durazo, se quedó con la cuarta posición de este top con más del 50 por ciento, a causa de las constantes críticas sobre el desempeño de su trabajo y consideraron que no cumplió con lo prometido, dejando más de 2 mil 289 asesinatos en el país sin resolver, dejando en duda la credibilidad de sus palabras. Cabe señalar que Durazo ha dejado su puesto en la actual administración para buscar la gubernatura de Sonora.


A su vez, Ana Gabriela Guevara, actual encargada de la Conade, se colocó en la primera posición de este listado, superando incluso a Manuel Bartlett. La exatleta obtuvo la mayoría de los votos, pues ha estado marcada por acusaciones de corrupción y desvío de fondos, además de que sus más cercanos colaboradores ya han sido castigados por la Secretaría de la Función Pública.

En el mes de marzo, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, reconoció públicamente que, durante la gestión de Ana Guevara, solo durante el primer semestre de 2019 fueron desviados recursos del fideicomiso Fodepar, lo cual derivó en un daño patrimonial por 51.8 millones de pesos.

Por esta razón, existen dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) cuyas carpetas de investigación deberán ser consignadas ante un juez para sancionar el delito de peculado por la comprobación de recursos federales con documentos alterados, apócrifos y falsos.

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