Hermosillo, Sonora.- Integrantes del Sindicato Minero de la Sección 65 de Cananea, solicitaron la intervención del gobierno federal, para que se tenga una solución integral del movimiento de huelga que este 30 de julio cumplió 13 años de haber sido arrebatada por las entonces autoridades de México.
En conferencia de prensa ofrecida este jueves en las afueras del Congreso del Estado, el líder del gremio; Sergio Tolano Lizárraga, recordó que tras denunciar una serie de atropellos laborales, se estalló la huelga, sin embargo las autoridades la desecharon, por lo que interpusieron la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Manifestó que después de 13 años en resistencia, solicitan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dar una solución definitiva, ya que se trata de tres movimientos de huelga que estallaron a nivel nacional, pero hasta el momento no se ha tenido solución por parte de las dos últimas administraciones federales, donde prevaleció la simulación hacia el Grupo México.
Tolano Lizárraga, agregó que los atropellos hacia los trabajadores, está siendo analizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que en los últimos dos sexenios correspondiente a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no hubo seguimiento alguno.
Tenemos que después de 13 años de resistencia, hoy pedimos con el respeto que se merece al presidente de México; Andrés Manuel López Obrador, que atienda la solicitud para el seguimiento del caso y por ende dar una solución, esto en razón a las paralizaciones que se tuvieron en las regiones de Taxco; Guerrero, así como Sombrerete en Zacatecas y Cananea, el 30 de julio, pero del 2007.
En ese sentido, añadió que el próximo seis de agosto fecha dada a conocer por el propio presidente para venir a Cajeme; Sonora, se buscará un acercamiento para dialogar de manera personal, cumpliendo los protocolos sanitarias que se establezcan, además del apoyo que que reciben del Senador Napoleón Gómez Urrutia.
REFUTA CTM EN CONTRA DE GÓMEZ URRUTIA
Por su parte, Javier Villarreal Gámez, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México en Sonora y también secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero-Metalúrgica, respondió a las falsas acusaciones del senador morenista, Napoleón Gómez Urrutia, ante la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de que congresistas estadounidenses aseguran que en el país prevalecen contratos laborales de protección para las empresas.
En las expresiones del senador Gómez Urrutia hay un excesivo cinismo, pues hay constancias y evidencias sobradas de que él es el inventor, el impulsor, del outsourcing en la industria minera”, expuso.
Sostuvo que Gómez Urrutia cobra comisiones importantes de hasta 12 mil pesos por empleado al año a las empresas de outsourcing que laboran en las minas en las cuales el sindicato del legislador tiene contratos y por medio de esos convenios define en la práctica contratos de protección.
En torno a la postura del senador morenista, de defender a los legisladores de Estados Unidos, expuso que “no se ve bien que Gómez Urrutia celebre las aspiraciones, tanto de sindicatos, como del gobierno de Estados Unidos para, lograr lo que ellos quieren y recuperar empleos para su país, lo cual habla de su poco patriotismo”.
El dirigente de los trabajadores de la CTM en Sonora, comentó que es pública, incluso difundida por el propio Gómez Urrutia, la vinculación del legislador con dirigentes sindicales de Estados Unidos, como Richard Trumka, dirigente de la central obrera de ese país, AFL-CIO.
Villarreal Gámez expuso que Gómez Urrutia tiene un gran resentimiento con el sindicalismo nacional, porque antes de huir a Vancouver, Canadá, en donde vivió 12 años, acusado de desviar 55 millones de dólares, quiso ser presidente del Congreso del Trabajo y no recibió apoyo de organización alguna y trató de construir una disque central internacional, pero también fue rechazado.
Enfatizó que un ejemplo claro de ello fue el contrato de outsourcing permitido por Gómez Urrutia en la mina de Pasta de Conchos, de San Juan de Sabinas, Coahuila, en donde fallecieron 65 mineros, la mayor parte de ellos trabajadores de una compañía externa que no tenían atención ni apoyo.