Hermosillo, Sonora.-Pedro Pablo Chirinos Benítez, exfiscal para la Atención de Delitos Electorales en Sonora, ratificó ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local, la solicitud de juicio político en contra de José Santiago Encinas Velarde, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
Luego de sostener una reunión virtual con diputados de dicha comisión encabezada por el legislador; Jesús Alonso Montes Piña, el exfiscal indicó que el motivo de esta petición en contra del magistrado titular de la tercera ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa, es por una actuación indebida al trámite de la denuncia que presentó tras ser destitución como titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales.
Recordó que una situación similar fue la de los 16 trabajadores del Congreso, que habían sido removidos de sus cargos, sin embargo, el propio magistrado Encinas Velarde les otorgó la suspensión, ordenando su reinstalación de forma inmediata, lo que no sucedió en su caso particular.
Manifestó que dicho magistrado varió su propio criterio al ignorar varios considerandos que expuso en el juicio de nulidad que presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa, ya que dejó de lado los derechos humanos del solicitante y omitió hacer un análisis de la apariencia del buen derecho, como lo marca la doctrina jurídica.
Por tal motivo, ante los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ratificó el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez su solicitud de inicio de procedimiento de juicio político en contra del magistrado titular de la tercera ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, José Santiago Encinas Velarde.
En ese sentido, los legisladores escucharon la ratificación de la solicitud presentada la semana pasada ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado y que fuera turnada a esta dictaminadora en la sesión de la Diputación Permanente del pasado 20 de agosto.
Chirinos Benítez expuso que lo que le motivó a presentar esta demanda de juicio político es porque aproximadamente dentro de dos semanas inicia el proceso electoral en el Estado de Sonora y con él llegan también las decisiones políticas de las instituciones, en este caso del Tribunal de Justicia Administrativa.
Yo vengo ante esta soberanía a solicitar que se haga un análisis de la actuación de este Magistrado, sobre todo en el contexto del proceso electoral que ya va a iniciar y que nos da lugar de entrar también al análisis de este ámbito de responsabilidad, que es el juicio político, que se motiva con el ataque a las instituciones democráticas, violaciones sistemáticas a la Constitución, a la libertad de sufragio, entre otras hipótesis de la Ley de Justicia Administrativa que yo hice valer”, aseveró.
Chirinos Benítez indicó que pidió al Tribunal de Justicia Administrativa, la nulidad del oficio de su remoción como vicefiscal en materia de delitos electorales por diversas razones que resaltan del propio vacío del documento pone de manifiesto a la vista de todos, y también que se tomara en cuenta como antecedente el caso de los seis trabajadores del Poder Legislativo que habían sido removidos y a los cuales se les otorgó una suspensión con efectos de carácter restitutorio para que continuaran en el ejercicio de sus funciones.
Por su parte, el diputado Montes Piña, añadió que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ha ejercido en diversas ocasiones una dinámica de audiencias, aunque no está contemplado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pero dicho ejercicio les ha dado buenos resultados a la hora de la construcción de los criterios con los que cuenta cada legislador para tomar sus decisiones.
Seguramente la decisión creo que así será, de la mayoría o la totalidad de los integrantes de esta comisión, estaremos en condiciones de solicitarle a Chirinos Benítez para que ahí pueda ampliar todos sus dichos y nosotros tendremos también que analizar los documentos que nos entregue, conocer sus argumentos y luego escucharlo de viva voz”, expresó.
En ese sentido, dijo que como lo establece el Artículo 275 de la Ley Estatal de Responsabilidades, procederán a realizar un análisis exhaustivo del escrito de denuncia y las pruebas ofrecidas, para determinar si es procedente o no, dentro del plazo de diez días hábiles que señala el Artículo 276 de la misma norma.
El diputado Eduardo Urbina Lucero explicó que como dictaminadora, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos está obligada a resolver sólo sobre cuestiones que le son turnadas por el Pleno o por la Presidencia del Congreso, además de recordarle al ciudadano que el tema de derecho de audiencia fue turnado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, a través de una solicitud de la diputada Ernestina Castro Valenzuela.