Cajeme, Sonora.- La mañana del 7 de diciembre de 2020, en los alrededores del Fraccionamiento Hipódromo de Tijuana, un comando armado compuesto por al menos cuatro hombres y dos camionetas, atacó a una camioneta Ford Lobo que transitaba por una de las principales avenidas de Tijuana, algo que en la ciudad fronteriza es asunto cotidiano, pero no en particular los hechos de esa noche, pues el conductor recibió tres impactos de bala y logró salir con vida.
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La víctima era Manuel García Soto, un empresario muy cuestionado entonces en Baja California, dueño de la empresa Fisamex, contratada por el gobierno de Jaime Bonilla para realizar cobros a los grandes deudores del sistema de agua estatal.
No era el primer ataque en su contra; meses antes, exactamente el 29 de septiembre del 2020, circuló entre los medios de comunicación locales un video en donde el empresario inhala un polvo blanco en varias ocasiones. Entonces, el hoy exgobernador Bonilla lo defendió con vehemencia y lo protegió para que el Tribunal de Justicia Administrativa no tomara el caso: “… tiene un problema de salud que muchos millones de mexicanos tienen (…) es un problema de salud que tiene Manuel, que tiene que resolver y nosotros queremos ayudar”, dijo el entonces mandatario.
Lo que hicieron estos delincuentes al violar mi intimidad con este video, no tiene nombre, es una vergüenza muy grande para mí y para quienes lo vieron, es un tema que ofende y expone a cada mexicano ante la actuación ilícita de estos sujetos”, declaró García Soto después de que se dieran a conocer los videos, al tiempo de afirmar que realizó varias denuncias por “violación a su intimidad”.
Este personaje, exhibido por consumo de drogas, víctima de un ataque CÉSAR TOVAR redaccion@tribuna.com.mx armado y, sobretodo por una relación estrecha y fructífera con Bonilla y otras autoridades, es hoy el dueño de EroAgua, la empresa que los municipios de Sonora, a través de los organismos de agua, han contratado para llevar a cabo una agresiva campaña de cobros retroactivos a empresarios y hogares, a pesar de las serias acusaciones e irregularidades con las que se relaciona a García Soto.
- La trama del agua
El 28 de enero de 2020, Jaime Bonilla, entonces gobernador de Baja California, hizo pública la contratación de Fisamex, una empresa dedicada a la “fiscalización de deudores de agua”, aseguró entonces; el plan era recabar más de dos mil millones de pesos de “pasivos retroactivos” durante 2020 y 2021.
La política de cobro resultó intensa y agresiva, como relatan periodistas bajacalifornianos a este medio de comunicación; el investigador Vicente Sánchez, miembro del Colegio de la Frontera Norte, aseguró en su momento que esta relación de negocio político “es como sacarse la lotería: una empresa que cobra en nombre del gobierno y gana por lo que logra recuperar”.
Y si no lotería, fue algo similar; en Baja California (de febrero del 2020 a septiembre de 2021) Fisamex logró recaudar 1,812 millones de pesos, de los cuales se llevó 350 como comisión, que en ese contrato era de 21.65 por ciento. Todo esto se hizo mientras al menos quinientas empresas tramitaron amparos contra Fisamex y el gobierno de Baja California, al considerar que las mediciones y exigencias de cobros retroactivos violaban sus derechos.
Otra queja recurrente de los afectados fue que lo recabado no terminó en lo que se prometió: obras y mejoras a la infraestructura de los organismos operadores, así como a pagar los propios pasivos de los mismos, que, como en Sonora, son multimillonarios.
- El entramado
María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como Lupita Jones (Miss Universo en 1991), fue candidata a la gubernatura de Baja California por el Partido Acción Nacional (PAN); en medio de su campaña, interpuso una denuncia penal en contra del gobierno de Baja California y de Fisamex por lo que consideraron “un esquema delictivo de cobro y extorsión”.
La investigación de Jones llegó a oídos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que entonces lideraba Santiago Nieto, quien dejó el caso, de acuerdo con versiones periodísticas, por “petición” directa de la presidencia de la República. La trama se intensificó cuando Marina del Pilar Ávila Olmeda, actual gobernadora bajacaliforniana reconoció que no hay “rastro” de los más de 1800 millones de pesos cobrados por Fisamex, lo que recordó la denuncia original.
Entonces, Jones y empresarios, aseguraron que Fisamex, cuyo nombre fiscal es Romafam S.A de C.V, trianguló los recursos que recibió por comisiones (350 millones de pesos) a través de varias empresas creadas exprofeso para “evaporar” el recurso.
Romafam envió, de acuerdo a la denuncia, 162 millones de pesos a las cuentas de Fiscales del Agua Mex S.A de C.V, empresa que se constituyó en Tijuana dos meses antes de la transacción por el mismo García Soto; también habría hecho lo propio con Salhec Grupo Constructor S.A de C.V, cuyos socios son Wister Guevara Valenzuela y Héctor Manuel Sánchez, ambos residentes de Hermosillo y con pasado en la burocracia estatal.
Cabe mencionar que Romafam S.A de C.V tiene su dirección en Hermosillo, es decir, García Soto fundó la empresa que trabajó en Baja California en Sonora, el problema es que lo hizo en una casa habitación (Rincón de los Azulejos 30, en la Colonia Villa Satelite), en donde si bien no existe movimiento de trabajadores, los responsables de comunicación del grupo afirman que sí se trata de una oficina funcional.
- Cambio de nombre
Luego de los problemas que tuvo en Baja California, García Soto decidió disminuir casi a cero sus apariciones públicas, pero también cambiar el nombre comercial de su empresa. Así surgió EroAgua.
A través de este nuevo mote, García Soto obtuvo contratos en varios municipios de aquel estado para realizar el mismo trabajo que con Fisamex, pero ahora bajo el nombre de EroAgua, empresa de la cual no existen registros ni en el SAT, Compranet, o padrones de proveedores.
- Llega a Sonora
Primero fue en Navojoa donde las alarmas sonaron entre los empresarios: el Oomapasn contrató a Eroagua para realizar cobros retroactivos, alegando no sólo deudas sino cobros inexactos en años pasados.
Ante el arribo, empresarios locales comenzaron a unirse, tramitar amparos y presentar quejas por lo que consideran serios abusos de cobro y gestión. “Su objetivo principal es lucrar con las condiciones actuales de la paramunicipal a costa de los ciudadanos que, aún estando al corriente en el pago de sus servicios de agua potable, se les pretende realizar un cobro adicional sobre la premisa de una supuesta regularización de los procesos de cobranza”, dijo Juan Manuel Escalante de la Barra de Abogados Sonorenses.
Luego llegó Cajeme, en donde el Oomapasc se ha encargado de defender su decisión con insistencia, pese a la polvareda levantada y los antecedentes tanto de la empresa como la de su dueño. “Se trata de una empresa que ya tiene muchos años, que opera en todo el país y que tiene resultados muy interesantes”, dijo el alcalde Javier Lamarque.
En Cajeme, caso contrario a Navojoa y la experiencia bajacaliforniana, la empresa también irá en contra de los usuarios privados, no sólo contra los comerciales. Se espera que las empresas locales comiencen a tramitar amparos.
* Con información extraída de un reportaje realizado por Adelina Dayebi, Eduardo Jaramillo y Marco Tulio Castro con apoyo del Border Center
Fuente: Staff