Mafia: Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos.
Esta es una de las cuatro definiciones sobre mafia de la Real Academia Española (RAE).
-Control sobre la oposición de los primeros tres años: en Sonora el Gobierno del Estado ha sido señalado de que mediante el uso faccioso de sus instituciones ha comprado denunciantes, sembrado armas y droga e integrado expedientes con pruebas falsas para encarcelar a adversarios políticos del padrecismo o empleados de estos. Casos como los de Jorge Morales, Luis Arístides López y Francisco Monge, entre otros, así lo dejan ver.
-Control de organismos “autónomos”: haber permitido en la comisión de selección, las falsificaciones de firmas en el proceso para conformar un comité de participación ciudadana (a modo) del Sistema Estatal Anticorrupción. Un comité con tres años de operación y que no se le conoce ninguna investigación ni denuncia por actos de corrupción en este Gobierno.
-Control político y legislativo: después de las elecciones del 2018 ante la llegada al Congreso Local con mayoría apabullante de Morena y sus aliados, organizaron un golpe legislativo antes de finalizar la legislatura pasada con mayoría priísta y con la complaciente asociación de diputados panistas, socavaron el Poder Legislativo y otorgaron poder en exceso al Ejecutivo.
-Control sobre la transparencia: en Sonora, su Gobierno puede estar en desacato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El 28 de mayo del 2019, el Pleno de la SCJN declaró inválido que los tres comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (ISTAI), continúen laborando, pues su tiempo en el cargo venció desde el pasado 12 de diciembre del 2018 y también venció el plazo para renovar a los integrantes de este instituto. El Congreso Local se ha pronunciado al respecto a través de diversos exhortos y posicionamientos dirigidos a la gobernadora y los ha ignorado. -Control notarial: el procedimiento fraudulento mediante el cual quince notarios públicos titulares renunciaron (en este sexenio) asegurándose que dicha patente quedaran en favor de sus hijos, se requiere del concierto de complicidad criminal de la Dirección General de Notarias, de la Secretaría de Gobierno, de la Consejería Jurídica y con el Colegio de Notarios.
La propia gobernadora del estado, que es la titular de la función notarial que delega en favor de profesionales del derecho, ha sido absolutamente omisa en atender estos signos de grave corrupción, lo que nos lleva a suponer que no solamente lo acepta sino que lo estimula y forma parte de su operación política. La presidente del Colegio de Notarios, es hija del actual director del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson), la dependencia estatal que más contacto tiene con las notarías, quien a su vez, también es notario, un evidente grave conflicto de intereses. Otra funcionaria opaca, como lo es la directora general de Notarías, jamás ha dado la cara para responder por estos abominables actos que desnudan no solo un poderoso pacto de complicidad entre el Gobierno, sus funcionarios, los notarios y el Colegio de Notarios.
-Control Judicial: la gobernadora además de tener el control de cada uno de los tribunales mediante magistrados presidentes afines, el año pasado mandó una iniciativa al Congreso Local donde proponía que el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (conformado por siete magistrados), seleccionará una terna y se la enviará como propuesta para que de ahí saliera el próximo magistrado, pero esta terna sería integrada únicamente por magistrados de circuito, es decir, solo de los quince magistrados de los cinco tribunales regionales podría ser el elegido para ocupar el puesto de magistrado en este Supremo Tribunal, también en esta iniciativa se proponía que ese cargo y el de los jueces fuesen vitalicios, lo que provocaría un control absoluto en todas las ramificaciones de la justicia: penal, civil, laboral, mercantil y familiar. A todas luces se pretendía el blindaje para el llamado “séptimo año”, ante la inminente llegada de un Gobierno emanado de la oposición.
Si hubiese prosperado esa iniciativa del Ejecutivo, estaríamos ante un escenario donde los propios magistrados escogerían a sus sucesores. Una infame regresión que hubiera mutilado el cuerpo institucional y democrático con extrema vileza autoritaria. La justificación del Ejecutivo fue el interés del mejoramiento de la carrera judicial y su establecimiento. Un argumento falaz, porque si en verdad existiera ese interés de mejorar el desempeño del sistema judicial en Sonora, no tuvieran acéfalo y sin operar el Consejo de la Judicatura que, es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial en el Poder Judicial del estado y que establecen mecanismos de actualización y remoción de jueces y magistrados regionales. Desde hace poco más de dos años que este órgano debió haberse puesto en función, pero el Gobierno del Estado ha sido omiso, con lo cual está en otro claro incumplimiento de la ley.
El experto en temas de seguridad pública y crimen organizado, Edgardo Buscaglia asevera que la mafia más organizada en México se encuentra en la política. La mafia política sonorense resiste hasta cierto punto los embates de reproches y juicios analíticos en su contra, pero no por ansias de perfección ética que no comprenden, sino por un mejor bienestar propio, como quien entra en la iglesia solo porque le place más el aroma del incienso que el tufo de la cantina. Dominan el embrutecimiento de la superficialidad por instinto. Pero sus embrutecimientos éticos, llegan a atrofiarles la noción del bien y del mal. El bien para ellos es lo que se ajusta a las conveniencias personales, siempre que su justicia no tenga nada que decir al respecto, y el mal, lo que las contraría, lo que displace, lo que les quita la tranquilidad.
Porque el ambiente de corrupción en el que se desenvuelven les es favorable, porque les es, el suyo propio y dentro de él, triunfa la superioridad del ingenio de la felonía y de la despreocupación por los demás.