El gremio notarial que se supondría son generadores de certeza jurídica, de manera totalmente contradictoria, de nueva cuenta se encuentra en la turbiedad de lo ilegal, lo ilegítimo y la imposición autoritaria.
El pasado 7 de noviembre se debió celebrar la asamblea de votación para renovar el Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de Sonora, tal como indica el trigésimo segundo artículo de sus estatutos, donde se señala que la asamblea anual ordinaria de carácter obligatoria debe ser el primer sábado del mes de noviembre en año de elección. Sin embargo, dicha asamblea se pospuso para el 11 de diciembre del presente año, so pretexto del riesgo que representa la contingencia sanitaria, no obstante, ese mismo día 7 de noviembre se llevó a cabo en Cancún, la votación para renovar el Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, a la que, a esa sí asistió la presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de Sonora, Karina Gastélum, en su calidad de candidata a vicepresidente de la zona del noroeste, sin éxito, no obtuvo los votos suficientes para ocupar ese cargo. En realidad más que una acción preventiva para el cuidado de la salud de los agremiados, fue un acuerdo entre los integrantes del Consejo que Gastélum preside y controla (sin ninguna objeción de cualquiera de los otros integrantes de este Consejo), para recorrer la fecha de la asamblea de votación, contraviniendo estatutos y así, poder asistir a ese evento de su interés personal. Una imposición flagrante al gremio notarial, a pesar de que recibió varias cartas de agremiados expresándole su desacuerdo a que se pospusiera la fecha, pero con esa vena autoritaria que tanto le caracteriza a Karina Gastélum, hizo caso omiso a ellas. El día 25 de noviembre el Consejo Directivo llevó a cabo una reunión con integrantes de las dos planillas registradas para contender por el Consejo Directivo 2020-2022, para informarles la decisión tomada por el Consejo, con respecto a la asamblea anual donde se llevará a cabo la votación y cuya decisión fue de aplazar indefinidamente esta asamblea, debido a que el semáforo epidemiológico cambió a color naranja que indica alto riesgo de contagio a COVID-19 y atenderán las recomendaciones de las autoridades en materia sanitaria y los protocolos de salud, enfatizando la responsabilidad de proteger del riesgo de contagio a quienes se encuentran dentro del grupo de población vulnerable (mayores de 60 años) que representan el 40% de los miembros de este Colegio. Estas medidas tomadas por el Consejo Directivo, es decir, por su presidente Karina Gastélum, escudándose en las recomendaciones de las autoridades sanitarias del estado, resulta totalmente disonante con las medidas restrictivas aplicadas por estas mismas autoridades que son mucho más laxas para los establecimientos como centros comerciales, restaurantes, cafés (por mencionar a algunos), a los cuales no se les ha prohibido seguir recibiendo el flujo de personas (clientes) de todas las edades. ¿Por qué dicha asamblea no se celebra en un espacio abierto?, como se señala en su estatuto en el último párrafo de ese artículo trigésimo segundo: “o bien celebrarse en una sede alterna elegida por el Consejo Directivo”. Y para evitar las aglomeraciones que solo se lleve a cabo para fines electorales, que los agremiados solo asistan a emitir su voto y los demás actos protocolarios propios de este tipo de asambleas como son la rendición de informes y reconocimientos de trayectorias, sean expuestos en cualquiera de las múltiples plataformas de internet, ¿en verdad es tan complicado?, o ¿existen otro tipo de motivaciones ocultas de Karina Gastélum para seguir perpetuándose en la presidencia del Colegio de Notarios? El Colegio de Notarios del Estado de Sonora bajo la presidencia de Karina Gastélum (período 2018-2020) sigue demostrando que el servicio púbico de la fe notarial está corrompido, podrido y no responde ya, a los requerimientos de la sociedad porque los notarios, aglutinados en ese Colegio inservible para los fines que dispone la ley, no tiene voz, ni fuerza ni representación necesaria para evitar fraudes a la ley, a la sociedad (por ejemplo, “Cártel Inmobiliario de Sonora”, Reportaje de Jorge Morales) y para que en la propia función notarial ya no sucedan. Todo lo contrario, se realizan con dichos notarios como operadores de esos fraudes por lo que resulta una mentira que sean funcionarios de paz y de buena fe. Ello independientemente de algunos notarios que como excelentes profesionistas, guardan y velan por su función a contracorriente, haciendo lo que pueden para salvar el prestigio de esta noble vocación. Indagando y mediante fuentes del propio Colegio de Notarios, pudimos acceder a la información que hoy nos demuestra el alto grado de corrupción, violaciones a la ley y distorsiones de procedimientos, operados por la propia presidente Gastélum y su consejo directivo, en contubernio con autoridades estatales, pues realizaron la operación de traspasos de notarías públicas por las cuales, notarios públicos titulares traspasaron a sus hijos, dichas notarías, mediante un mecanismo fraudulento, al margen de la ley y que explica mucho de la gran degradación que hay en la actividad notarial, que resucita muertos, que vende folios, que altera testamentos, que levanta constancias falsas. La presidente del Colegio de Notarios, es hija de Rafael Gastélum, el actual vocal ejecutivo del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson), la dependencia estatal que más contacto tiene con las notarías, quien a su vez, también es notario, un evidente grave conflicto de intereses y que ha dejado evidencia de su opacidad, de su falta de transparencia, de su poco compromiso con la verdad, con la buena fe, actos que desnudan no solo un poderoso pacto de complicidad entre el Gobierno, sus funcionarios, los notarios y el colegio que dice representarlos para torcer la ley, para sentir que el servicio público de fe notarial, así como todas las demás instituciones les pertenece y pueden hacer de ellas y con ellas lo que deseen porque eso les sirve para mantener un artificial estatus social, disfrazado de buena fe, de paz y honestidad, pero que en realidad atenta contra la función pública, contra la ley y contra la sociedad.