Hermosillo, Sonora.-Con la finalidad de incrementar la responsabilidad jurídica de personas morales y empresas, diputados del grupo parlamentario del PES, presentaron una reforma al Código Penal, para sancionar por delitos cometidos a integrantes, socios o agremiados de las mismas.
Jesús Alonso Montes Piña, coordinador de la fracción parlamentaria, explicó que la propuesta contempla un nuevo catálogo de delitos en donde estos entes jurídicos obtendrían responsabilidades ante la ley en caso de la comisión de un delito, ya sea en de las éstas, por las que comentan sus agremiados coaccionados por quienes ostenten el poder dentro de dichas organizaciones o bien por omisiones de las personas jurídicas en el entorno laboral.
Esto implica que las empresas que no establezcan controles al interior de su organización destinados a la prevención del delito, conforme los riesgos penales de sus procesos de negocio, o que teniéndolos no puedan probar a la autoridad penal que existen y que son eficaces, serán penalmente responsables, con independencia de la responsabilidad penal que resulte para las personas físicas, cuando éstas cometan delitos a nombre de la empresa, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen”, expuso el legislador ante el Pleno.
Lo anterior, agregó, se hace también ante la necesidad actualizar el marco jurídico estatal homologando a lo contemplado ya por parte de la Federación.
Abundó en que esta reforma impone a las empresas la obligación de crear un plan interno de prevención del delito, reforzando las medidas de transparencia dentro de las compañías a fin de no verse afectadas por actos ilícitos cometidos por directivos, empleados o asociados.
Esta reforma, impone deberes a las empresas, por lo que deberán contar con un plan de prevención de delitos actualizado, con el fin de no verse condenadas por los delitos cometidos por sus empleados o directivos; Queda claro que es deber de las personas jurídicas revisar y actualizar sus mapas de riesgo, incorporando estas conductas; tomar en cuenta que, si su exposición a estas infracciones es alta, debe adoptar nuevas medidas de protección y detección, así como contar con un programa de compliance penal sustentado en las buenas prácticas internacionales”, argumentó