México y la región atraviesan una de las crisis de seguridad y de derechos humanos más profundas experimentadas en su historia reciente, lo que debe ser entendido como un proceso social complejo que implica la ruptura de la violencia tradicional en términos cualitativos y cuantitativos.
En ese sentido, la violencia no sólo ha cobrado la vida de cientos de miles de ciudadanos, sino que también ha afectado a los encargados de velar por la seguridad de éstos últimos. La realidad es que nunca antes se había matado a tantos policías y de las formas en que se ha venido haciendo a partir de la “guerra contra las drogas” en nuestro país. Lo que devela un hecho fehaciente: ser policía en México es una profesión de alto riesgo.
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Para dimensionar el problema, según los registros de asesinatos de policías elaborados por Causa en Común indican que de 2018 al 30 de julio de 2021 han sido asesinados 1,666 policías en el país. Siendo Guanajuato la entidad más afectada por tal fenómeno, pues allí se concentra el 15.54% (259) de bajas, mientras que Sonora acumula 62 muertes en ese mismo periodo, lo que representa el 3.72% nacional.
En el orden de las localidades con mayor incidencia se señala a Guaymas como el municipio más letal para el personal policial, ya que en dicha localidad se concentra una cuarta parte a nivel estatal con un acumulado de 16 asesinatos, seguido de Cajeme con 14, Hermosillo con 11, San Luis Rio Colorado con 8, Empalme con 4, Plutarco Elías Calles con 2, en tanto que Nogales, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Santa Ana, Caborca, Bácum y Yécora con 1 en cada municipio. Donde el 95.16%% (59) se trata de hombres y sólo el 4.83% (3 casos) se refieren a mujeres.
En esa misma brecha de análisis, 14 de las muertes corresponden a personal de alto rango, como Jefes, Comandantes, Encargados o Comisarios, concretamente 12 en el ámbito municipal y 2 en el estatal. Por otra parte, una treintena pertenecen a oficiales de las agencias municipales; 8 de las estatales; 5 ministeriales, y otros 5 más se refieren a policías que habían abandonado la corporación en días o meses recientes o jubilados, es decir, ex policías. Convirtiendo a las policías locales como las más afectadas en esta materia.
Cabe resaltar que todos ellos fueron asesinados por proyectiles de arma de fuego, algunos durante el horario de servicio, otros cuando iban o regresaban del trabajo, e incluso sorprendidos en sus propias casas; otros más fueron quemados, previamente levantados o se les dejaron mensajes de advertencia. En muchos casos se utilizaron rifles de asalto al momento de ser emboscados por grupos de pistoleros bajo la lógica de una violencia criminal organizada inscrita al campo “mafioso”; las llamadas ejecuciones. Sólo en un caso se trató de un oficial que al intentar detener un robo fue asesinado por los asaltantes. Ello sin contar los muertos y heridos, civiles y agentes policiacos, resultantes de las propias agresiones.
A ese contexto debe sumársele el asesinato de José Saúl Martínez Trillas, Jefe de Grupo de la base de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Sáric, ocurrido el 31 de julio cuando fue emboscado por hombres armados a la salida de Tubutama, una zona caracterizada por su importancia para las operaciones del tráfico ilegal en la región.
La comprensión del asesinato de policías requiere de esfuerzos que integren las diversas aristas de este complejo problema. El sentido común revela que muchos de ellos caen por cooptación o resistencia a la colaboración con grupos del crimen organizado, pero en términos científico-sociales se necesita una mayor indagación para lograr mejores explicaciones. Lo que es un hecho es que el trabajo policiaco no es fácil, en él prevalecen graves déficits laborales, formativos y salariales, que se inscriben en un ambiente institucional que propicia el desarrollo de diversos desórdenes psicológicos (estrés, ansiedad, depresión) en una actividad sumamente estigmatizada.
Para Foucault (2014): “la policía es el conjunto de las intervenciones y los medios que garantizan que vivir, más que vivir, coexistir, serán efectivamente útiles a la constitución, al acrecentamiento de las fuerzas del Estado” (p.376). Así pues, el asesinato de policías representa una de las mayores paradojas para el monopolio de la violencia por parte del Estado.