Hermosillo, Sonora.- Diputados de Morena rechazaron la última cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 del gobierno de la priísta de Claudia Pavlocivh, en la que se detectaron un total de 1 mil 987 observaciones por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), con lo que se presume un daño patrimonial de más de 60.3 millones al estado.
La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Ernestina Castro Valenzuela, expresó su desagrado a esta cuenta ya que dijo no posee los atributos de confiabilidad, al encontrar inconsistencias.
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Expresamos nuestro rechazo a este informe de resultados reprobando su contenido, explicaciones y sobre todo las zonas oscuras; si en realidad se desea eliminar toda práctica de posible corrupción y de privilegios, favoritismos, simulación, componendas e impunidad que siguen enfermando la salud de nuestras fianzas estatales, actuemos construyendo un mejor marco legal que haga del ISAF una entidad más eficiente y confiable", dijo.
Pero la bancada morenista no fue la única que rechazó la cuenta pública 2020, pues el Grupo Parlamentario panista en voz de Kiko Munro expresó que "el Gobierno del Estado incurrió en diversas irregularidades en el uso de los recursos públicos, ya que no existió transparencia en el destino de los mismos, como el de obras o proyectos de inversión, lo que ocasionó afectaciones en los municipios al no recibir de manera puntual las participaciones federales".
De acuerdo con datos de los diputados, se estima que fueron alrededor de 66 gobiernos municipales los que se vieron afectados por la cuenta pública 2020, por lo que Castro Valenzuela exigió se debe indagar y llevar a cabo las acciones que la ley exige para una total aclaración y deslinde de responsabilidades.
"La Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora ha sido engañada y no observada de nuevo y con ello, la simulación, los privilegios en la contratación y el favoritismo en las ganancias se vuelve cotidiano como viene aconteciendo desde hace muchas administraciones anteriores en Sonora".
La morenista también indicó que el informe presentado por el ISAF no cuenta con datos que reflejan un gasto eficiente y eficaz, de los 1 mil 853 informes individuales correspondientes a 2 mil 094 auditorías, debido a incrementos de forma excesiva en gastos no prioritarios y extravío millonarios de recursos económicos producto de la venta de inmuebles.
Mientras que el diputado sonorense Fermín Trujillo Fuentes, del Partido Nueva Alianza (Panal), admitió que en su formación como servidores públicos todos los políticos se vuelven delincuentes. "Nadie nace siendo delincuente, todos nacemos inocentes; todos y todas nacemos inocentes, lo que significa que en el trayecto de la formación de servidores públicos nos hacemos delincuentes".
Reprueban municipios
Ocho municipios de los 72 que conforman el estado de Sonora tuvieron una calificación reprobatoria en el análisis de las cuentas públicas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en el que se evidenció el mal manejo financiero, desorden administrativo y daño patrimonial. Los municipios son Bácum, con 51.6; Bacadehuachi, con 52.5; Villa Pesqueira, 52.1; San Ignacio Río Muerto, 56.6; San Ignacio Río Muerto con 56.6, Nacozari de García y Santa Ana con 58, Empalme con 58.1 y Nogales con 58.6.
Empalme por tercer año consecutivo tuvo una calificación reprobatoria en donde el secretario del Ayuntamiento, Antonio Corpus Alanís, señaló que recibieron el municipio en condiciones deplorables y ahora con las cuentas públicas reprobadas, pero que, en lugar de seguir lamentando, trabajarán para que la situación no se repita.
Por otro lado, con una calificación apenas aprobatoria se encuentran 13 municipios del esta como Cajeme, Guaymas, Caborca, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Por otra parte, el municipio mejor evaluado fue Soyopa con una calificación de 95.9, luego sigue Arizpe con 95.8 y en tercer lugar aparece Nácori Chico con 93.1.
- Aprueban cuentas públicas
El Congreso del Estado aprobó el pasado jueves por mayoría de votos el dictamen de los informes de las cuentas públicas del estado y los 72 municipios del ejercicio fiscal 2020. El analista político, Arturo Soto Munguía dijo que "esto se debe básicamente a que las facultades de fiscalización del Congreso y la ruta crítica que siguen estos procesos están diseñadas para que todo quede en fuegos de artificio". Y es que menciona que nunca en la historia del estado se ha investigado los casos de los alcaldes por haber reprobado en sus cuentas públicas.
Muy sucintamente el proceso es como sigue: los diputados (generalmente sus asesores) revisan las cuentas públicas del estado y los municipios, hacen las observaciones correspondientes y en caso de que éstas no sean solventadas en un plazo determinado, ha lugar a sanciones por parte de los órganos de control, ya sea la contraloría estatal o las municipales", dijo en su columna.
Además añadió que: "Si alguien no solventa esas observaciones, se inician los procedimientos, ya por responsabilidad administrativa a través de la Contraloría, ya por las fiscalías en caso de daño patrimonial, lo cual casi nunca ocurre".
Y es que cabe recordar que varios ediles dejaron casos de corrupción como fue el caso de la morenista Rosario Quintero que dejó su lugar entre escándalos, como en el "Vale Gate", pues los mismos integrantes de su partido denunciaron que la edil dio concesiones a dos gasolineras que al mes facturaron más de 3 millones de pesos.
La Fiscalía dictaminó en 2019 daño patrimonial, debido a que además se comprobó el gasto no justificado de gasolina por más de un millón 829 mil pesos. Durante su segundo año de gobierno, la situación se volvió más complicada, pues el sindicato de trabajadores del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Navojoa, tomó la Carretera Internacional y el Palacio.
Rosario Quintero será recordada por las irregularidades de su gobierno Municipal para exigir la devolución de su caja de ahorros, recurso que ascendía a los 250 mil pesos, mientras que el entonces líder sindical Orlando Lara, exhibió que la alcaldesa solicitaba 300 mil pesos mensuales para “futuros gastos políticos”, además del pago de 50 mil pesos mensuales para cada uno de sus dos hijos.
Esto desencadenó que el Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) y un grupo de regidores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT) e incluso Morena, solicitaron un juicio político en su contra por más de 13 denuncias de presunto desvío de recursos. Sin embargo, a mediados del año 2020, el Congreso del Estado, decidió no proceder el juicio político, no porque Rosario Quintero resultara inocente, sino que la Comisión de Gobernación denunció la lentitud de las investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.
El columnista Arturo Ballesteros calificó de increíble la aprobación de la cuenta pública que "ante tanta denuncia, desvío de recursos, opacidad de los exalcaldes; Rosario Quintero, Sara Valle y Sergio Pablo Mariscal, las cuentas las aprueben, los municipios hechos pedazos, y ellos con una situación patrimonial que les cambió la vida2.
Por otro lado, la falta de recolección de basura, violencia como nunca antes vista, calles destrozadas y en total penumbras es como deja Sara Valle Dessens la presidencia municipal de Guaymas. En los 3 años como alcaldesa recibió recursos por más de 2 mil millones de pesos que no se ven reflejados en el puerto. Se le critica por abrir frentes con el sindicato del Ayuntamiento, sectores comerciales, líderes sociales y con miembros del Partido del Trabajo (PT) y Morena partidos que la llevaron a la alcaldía y sin faltar el nepotismo que fue la ‘marca’ de su mandato.
Sara Valle Dessens intentó reelegirse como alcaldesa de Guaymas durante la pasada contienda electoral, sin embargo, fue rechazada por Morena que postuló a la presidente municipal electa Karla Córdova. Tras esta decisión, comenzaron los despidos en el gobierno de la alcaldía. El exdirector municipal de Desarrollo Rural, Trinidad Arvizu Iturríoz, señaló que Sara Valle Dessens no tenía madurez política y “el estómago” al haber sido rechazada para contender por la reelección.
- VAN POR ACCIONES
Sebastián Orduño Fragoza, coordinador de la bancada del PT en el Congreso del Estado, señaló sobre el caso de Guaymas: "Y de seguro saldrán a culpar al ISAF, a los diputados, al gobierno estatal y al gobierno federal, pero la realidad es, no trabajaron, no atendieron prioridades y entre ellas debería estar el bienestar de los ciudadanos".
En la administración municipal de Sara Valle, se gastó en 2020 un presupuesto de 678 millones de pesos y el 74.7 por ciento lo hizo en servicios personales y generales, materiales y suministros; 9 por ciento fue a la obra pública, misma que es muy cuestionada.
"Gobiernos corruptos y nepotistas. Que se aplique todo el preso de la ley en contra de Sara valle y sus compinches. La ciudad nos regala lo mejor, pero el gobierno nos regresa lo peor: corrupción. y nunca pasa nada", así que pidió a sus colegas diputados, "hacer la diferencia; no tomemos tan a la ligera las cuentas públicas".
Fuente: Staff